El pasado 23 de junio el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley por el que se reforma la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En esencia, esta reforma llega para dotar de más recursos, derechos e igualdad de oportunidades a todos los trabajadores del ámbito público de I+D+I en el país.
Aunque ahora su tramitación esté ahora en manos del Senado, el simple hecho de diseñar una ley que promueve medidas para luchar contra la desigualdad de género e incluye cuatro medidas específicas que darán por primera vez seguridad jurídica y sienta unas bases sin precedentes.
Con esta reforma, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se proponen soluciones para fortalecer las capacidades del Sistema Público de Ciencia, Tecnología e Innovación de España para mejorar su eficacia, coordinación, gobernanza y transferencia del conocimiento, así como para reducir las cargas administrativas.
Dentro del quinto pilar en los que se estructura este proyecto de ley, se enmarcan las cuatro medidas que sitúan la igualdad de género en el eje transversal de los instrumentos de planificación de los agentes públicos.
Así, se establece que:
- Los agentes públicos deberán disponer y evaluar anualmente un plan de igualdad de género y de contar también con protocolos frente al acoso sexual y por razón de género u orientación sexual.
- Está prevista la creación de un distintivo de igualdad de género en I+D+I para los centros que acrediten alcanzar criterios de excelencia en este ámbito, además de la obligatoriedad de implementar medidas para eliminar los sesgos de género e integrar la dimensión de género en los proyectos de I+D+I.
- Se garantizará también la igualdad en los procesos de selección y evaluación para quienes concilian y se fomenta el impulso de medidas de acción positiva.
- Por último, se reconoce el papel fundamental de la divulgación científica y la educación para impulsar el cambio sociocultural y fomentar la corresponsabilidad.
De igual modo, este proyecto garantiza por primera vez una financiación pública de la I+D estable y progresivo, además de marcar como objetivo el 1,25% de crecimiento del PIB en 2030, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación.
Las soluciones que propone han sido fruto del debate y consenso con las organizaciones científicas y empresariales más representativas, así como con los grupos políticos. El texto recoge más de 100 enmiendas presentadas por los grupos. Desde Margarita Bly nos alegramos de que el texto recoja la experiencia de tantos grupos y estamos convencidos de que la comunicación es la fuerza transformadora para luchar contra la desigualdad de género en las disciplinas STEM.